LAS TASAS JUDICIALES RECIENTEMENTE APROBADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR ES UN ATENTADO CONTRA LA JUSTICIA, CONTRA EL DERECHO Y CONTRA EL PRINCIPIO SAGRADO DE IGUALDAD.

EL GOBIERNO INSTAURA LA JUSTICIA SÓLO PARA RICOS

Con desprecio del principio constitucional de tutela judicial efectiva, el Gobierno pretende aliviar la carga de trabajo de los tribunales por el método antidemocrático de restaurar las tasas, que fueran abolidas en 1986.

El acceso al Juez va a resultar muy oneroso en algunos casos (ejemplo: apelación, tasa = 800 €) e imposible, en otros (ejemplo: recurso contra una multa de 100 €, tasa = 200)

Definitivamente, la 2ª y ulteriores instancias son tratadas económicamente como un puro capricho del consumidor, hasta el punto de que, por primera vez en la historia, se impone una tasa para los recursos de suplicación en materia laboral.

La diferencia con gravames semejantes – depósitos – la tasa es un tributo que no está sujeto a devolución en caso de progresar la acción procesal, sino que ingresa definitivamente en el erario público.

El proyecto de ley ha merecido la crítica del CGPJ, de todas las asociacións de jueces, del Consejo de Estado y del Consejo General dela Abogacía Española, al cual no se le ha dado el trámite de audiencia. 

La opinión pública debe darse cuenta del hecho de que la víctima de este abuso es la ciudadanía que – luego de haber sufragado el coste dela Admón.de Justicia con sus impuestos – cuando le toque servirse de ella, va a encontrar un obstáculo económico que se le opone intencionadamente, puesto que el Ministerio ya defiende su iniciativa precisamente por el efecto disuasorio que se le vaticina. No se formará a más jueces, sino que se le pondrán barreras a aquellos ciudadanos que no puedan aspirar a la justicia gratuita.