Es muy, pero que muy, preocupante esta deriva de modificaciones normativas que todos los días se publican en el BOE. Día sí y otro también se modifican las condiciones socio laborales y socio económicas en nuestro marco legal, afectando a las empresas y autónomos, sin que nadie en este país pueda planificar a medio largo plazo. Es de todos sabido que cualquier invrersión que se pretenda hacer requiere una estabilidad normativa, así es en inversiones internacionales, por supuesto, donde se busca una estabilidad política y normativa en el país destino de la inversión. Muy cerca tenemos el ejemplo la nacionalización del 51 por ciento de Repsol en Argentina, que es justo lo que espanta a cualquier inverisionista internacional, pero también es imprescindible para la inversión nacional.
La estabilidad política y normativa, la seguridad jurídica es directamente proporcional a la generación de riqueza. El pequeño y mediano inversor nacional, aquel que quiere montar un negocio, pequeño o grande, da igual, necesita saber qué marco jurídico va a regir a corto, medio y largo plazo. Y la deriva en la que el Legislativo como el Ejecutivo han tomado ultimametne es justo la contraria a la estabilidad, a la rigurosidad, al respeto a los derechos adquiridos en base a normas dictadas anteriormente.
No se puede de la noche a la mañana suprimir todas las bonificaciones y/o reducciones en las cotizaciones de la seguridad social adquiridas en derecho en función de normas en vigor en el momento de formalizar esos contratos, no se puede ni siquiera alegando «urgencias económicas» o por la razón que sea. No señor, así no.
Es mas que probable que esas empresas formalizaran aquellos contratos de trabajo en función de aquellas ventajas que se les ofrecía y es seguro que se formalizó aquel contrato estudiando el coste final que acarreaba, de manera que si no hubiera existido aquella bonificación es probable que no se contratara a aquel trabajador. Y pasado un tiempo, de la noche a la mañana la Administración, que es la misma que ofrecía aquellas ventajas para contratar años atrás las elimina unilateralmente, es decir te cambia el marco normativo de una relación formalizada legalmente al amparo de una normativa existente, y elevan la cotización de la seguridad social a partir del día 1 de agosto de 2012, penalizando más a las empresas de este país. Es más que dudosa la constitucionalidad de esa medida, pero lo que no es dudoso es que causa mucho, mucho daño a la economía de este país porque daña la «credibilidad», ese intangible que es imposible cuantificar de importante que es.
¿Quien se fía ahora de que el marco normativo dictado ahora sea estable en el futuro?, ¿Quien contrata con el famoso contrato de Emprendores si nadie garantiza que dentro de un año o dos eliminen sus ventajas fiscales o de cotizacíón?.
Los empresarios y autónomos tienen razón para sentirse en cierta manera engañados, pues ellos creen, creemos, que las normas con las que formalizamos nuestras relaciones mercantiles, laborales, etc.. se deben respetar, pero ya ven que no.